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Expulsión de España: Defiende tus derechos frente a una orden de expulsión

Actualizado: 7 marzo, 2024 |

La expulsión de España es una medida que afecta a miles de personas cada año. Si has recibido una orden de expulsión, es importante conocer tus derechos y las opciones legales que tienes para defenderte. 

Este artículo explica los motivos por los que se puede sancionar con la expulsión a extranjeros que se encuentran en  España, cómo funciona el proceso y qué puedes hacer si estás en esta situación.

Expulsión de España

Índice

Motivos de expulsión

La ley de extranjería establece diversos motivos por los que un extranjero puede ser sancionado con la expulsión del país. Entre los más comunes se encuentran:

Vivir en situación irregular

Este es el principal motivo de expulsión en España y se contempla en el artículo 53.1 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (Ley de Extranjería). Es aplicable a todas aquellas personas extranjeras que no dispongan de autorización de estancia o residencia válida en territorio español. Esto incluye a quienes hayan entrado irregularmente sin pasar los controles fronterizos, así como a aquellos cuya autorización de residencia o permiso haya caducado o sido revocado. La mera estancia irregular es causa suficiente para proceder a la expulsión, salvo que se den circunstancias excepcionales que la impidan.

Haber cometido un delito

Según el artículo 57.2 de la Ley de Extranjería, cuando un extranjero haya sido condenado por conducta dolosa que constituya delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, se podrá acordar su expulsión del territorio nacional como medida sustitutiva de las penas de prisión. Esto se aplicará tanto para delitos comunes como para delitos relacionados con la propia normativa de extranjería. La expulsión será un trámite preferente frente al cumplimiento de la pena privativa.

Problemas de orden público o salud pública

El artículo 57.3 establece que las faltas muy graves de convivencia ciudadana, el incumplimiento de las medidas impuestas en materia de seguridad pública, y la causación de un riesgo grave para la salud pública podrán ser motivos de expulsión. Por ejemplo, en casos de delincuencia organizada, actividades contrarias a la seguridad nacional o cuando exista un riesgo sanitario grave de potencial pandémico derivado de una patología del extranjero.

Peligro para la seguridad nacional

De forma específica, el artículo 57.4 indica que la expulsión procederá en aquellos casos en que los extranjeros hayan sido condenados por sedición, rebelión, terrorismo y otros delitos contra la seguridad interior o exterior del Estado, así como por conductas que perjudiquen las relaciones de España con otros países. Se trata de salvaguardar la seguridad nacional frente a potenciales amenazas.

Incumplimiento de las normas de extranjería

Finalmente, el artículo 53.1.f) establece la expulsión como sanción cuando el extranjero haya incumplido de forma reiterada o grave las obligaciones impuestas por la ley en materia de residencia, trabajo o establecimiento. Esto incluye supuestos como la falsificación de documentos, proporcionar datos o hechos falsos en solicitudes, trabajar sin autorización laboral, entre otros incumplimientos graves y reiterados.

Proceso de expulsión

El proceso de expulsión comienza cuando la Policía Nacional o la Guardia Civil detectan a un extranjero en situación irregular o que ha cometido alguna de las infracciones que pueden dar lugar a la expulsión. En ese momento, se abre un expediente de expulsión por parte de la Oficina de Extranjeros de la provincia donde se encuentra el extranjero.

Ratificación y notificación

El expediente de expulsión es enviado a la Delegación del Gobierno de la misma provincia, que tiene la potestad de ratificarlo o revocarlo. Si la Delegación del Gobierno ratifica el expediente, se emite una orden de expulsión que se notifica al extranjero de forma motivada y detallada, especificando los recursos que puede interponer contra la misma y los plazos para ello. Esta notificación debe realizarse de forma fehaciente, ya sea en persona o por correo certificado con acuse de recibo.

Ejecución de la expulsión

Una vez la orden de expulsión es firme, al haber transcurrido los plazos para recurrir o haberse desestimado los recursos interpuestos, se procede a su ejecución forzosa. La orden de expulsión obliga al extranjero a abandonar el territorio español en un plazo determinado, que suele oscilar entre 7 y 30 días según las circunstancias. El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, son los responsables de ejecutar materialmente la expulsión, pudiendo acordar el ingreso del extranjero en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) hasta su expulsión efectiva.

Plazos y recursos

El plazo máximo para resolver y notificar el expediente de expulsión es de seis meses desde su inicio por parte de la autoridad gubernativa. Si transcurre este plazo sin resolución expresa, se produce la caducidad del expediente. El extranjero tiene derecho a presentar alegaciones a la orden de expulsión en un plazo de 48 horas o 15 días y a recurrirla en vía administrativa y posteriormente ante la jurisdicción contencioso-administrativa si se desestiman sus recursos. Los plazos y vías de recurso deben ser expresamente notificados junto con la orden de expulsión.

Tipos de expulsión

Existen dos tipos de expulsión:

  • Expulsión inmediata: Se ejecuta de forma inmediata, sin dar plazo al extranjero para abandonar el país voluntariamente.
  • Expulsión diferida: Se concede al extranjero un plazo para abandonar el país voluntariamente. Si no lo hace en ese plazo, se ejecuta la expulsión forzosa.

Es importante tener en cuenta que la expulsión de España es una medida grave que puede tener un impacto significativo en la vida del extranjero.

Defensa frente a una orden de expulsión

Si recibes una orden de expulsión, tienes derecho a defenderte, y evitar tu salida obligatoria de España. Algunas acciones que puedes tomar son:

Presentar un recurso

  • Tienes un plazo de 48 horas o 15 días hábiles desde la notificación de la orden para presentar un recurso administrativo ante la misma autoridad que dictó la resolución.
  • En el recurso debes exponer los motivos por los que consideras que no procede la expulsión, aportando las pruebas que respalden tus argumentos.
  • Puedes alegar arraigo familiar y social, situación laboral, enfermedad grave u otras circunstancias excepcionales.

Solicitar la regularización

  • Si vives en España sin permiso, puedes intentar conseguir un permiso de residencia o permiso de trabajo que regularice tu situación
  • Si llevas residiendo en España más de 3 años de forma continuada, puedes solicitar la residencia temporal por arraigo social.
  • Si tienes un contrato laboral vigente, podrías pedir la residencia por cuenta ajena.
  • También existe la posibilidad de arraigo familiar si tienes familiares españoles o residentes legales.

Pedir asilo o protección

  • Puedes solicitar asilo si huyes de la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a grupo social.
  • La protección subsidiaria se concede si hay riesgo de sufrir daños graves al volver a tu país.
  • Al iniciar estos trámites, la orden de expulsión queda en suspenso mientras se resuelven.

Contratar un abogado

  • Un abogado especialista en extranjería puede asesorarte sobre la mejor vía y las pruebas necesarias.
  • Te ayudará con la preparación y presentación de recursos y solicitudes.
  • Aumentará tus probabilidades de éxito frente a las autoridades.

Solicitar un indulto

  • Si la expulsión es consecuencia de una condena penal, puedes pedir el indulto al gobierno.
  • Debes cumplir ciertos requisitos como el cumplimiento de al menos la cuarta parte de la pena.
  • Se valoran circunstancias personales y familiares para conceder o denegar el indulto.

Es clave actuar con prontitud, recopilar pruebas y pruebas, y buscar asesoramiento legal cualificado para evitar la expulsión por todas las vías posibles conforme a la ley. Una buena defensa puede permitirte permanecer legalmente en España.



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